El pasado 11 de diciembre, Microjuris publicó en sus redes sociales una noticia que ha capturado la atención de la comunidad educativa y religiosa en Puerto Rico. La propuesta de la Ley de Libertad Religiosa de Estudiantes, Padres o Encargados y Personal Escolar de Escuelas del Sistema Público de Enseñanza, que será discutida en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Representantes a partir del 8 de enero de 2024, promete ser un hito significativo en la protección de los derechos religiosos en entornos educativos. 

El Proyecto de la Cámara 1951, respaldado por representantes de diversos partidos políticos, se fundamenta en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales, aplicables a Puerto Rico. Este proyecto busca asegurar que los estudiantes, padres, y el personal escolar gocen plenamente del derecho a la libertad religiosa, protegido a nivel local, federal e internacional.

La legislación hace hincapié en varios documentos legales, desde la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta declaraciones internacionales de derechos humanos. Se destaca que tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU respaldan el derecho a la libertad religiosa. Además, se subraya la posición del más alto foro federal, que prohíbe discriminar a individuos por expresiones religiosas personales.

El proyecto también aborda directamente el ámbito educativo al exigir al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) que promulgue guías locales en cumplimiento con los requisitos federales. Esto garantizará que ningún estudiante, padre o personal escolar sea discriminado por expresar sus creencias religiosas.

La propuesta va más allá al proponer la adopción de políticas que permitan a los estudiantes realizar discursos con expresiones religiosas o participar en oraciones durante eventos escolares. Se establecerán foros públicos limitados y espacios para la expresión religiosa estudiantil de forma voluntaria.

La ley se aplicará a diversos actores dentro del Sistema de Educación Pública, desde estudiantes y padres hasta maestros, directores, y otro personal educativo. Su alcance abarca a aquellos con funciones técnicas, administrativas y de supervisión que posean certificados docentes.

La propuesta de ley no solo es un paso hacia la protección de la libertad religiosa en entornos educativos, sino también una afirmación del compromiso de Puerto Rico con los principios constitucionales y de derechos humanos. Su discusión en la próxima sesión de la Cámara de Representantes promete ser un hito en la defensa de los derechos religiosos en la isla. Manténgase atento a Microjuris para las actualizaciones sobre este importante desarrollo legislativo.

Fuente: ADiaMicrojuris.com

La Lcda. Ivette Montes Lebrón, Abogada-Notaria y Conferencista Internacional, con más de 24 años de experiencia, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, Inc. Durante los últimos 15 años, ha abogado por los derechos constitucionales, la libertad de conciencia y culto. Nuestro compromiso es brindarte orientación legal experta y apoyo en tus asuntos legales. ¡No dudes en contactarnos para obtener la asistencia que necesitas!

© Todos los Derechos Reservados de la Lcda. Ivette Montes.